Hacia un nuevo pilar en pensiones

María José Zaldívar

La nueva Pensión Garantizada Universal -propuesta por el gobierno, aprobada unánimemente en la Cámara de Diputados y avanzando firme en el Senado- es un esperado avance en la mejora de las pensiones de miles de chilenos.

De aprobarse, la PGU se entregará a las mujeres y hombres de 65 años o más un monto de $ 185.000 adicionales a su pensión, abarcando al 90% de los pensionados. En total, se estima que se sumarán como beneficiarios del Pilar Solidario de vejez unos 604.783 nuevos pensionados que actualmente no califican para el beneficio, totalizando más de 2,1 millones.

Para financiarlo, propone la eliminación o modificación de algunas exenciones tributarias, actualmente en tramitación en el Congreso, además de los recursos destinados en la Ley de Presupuestos 2022 para el Pilar Solidario y para el proyecto de reforma a las pensiones que se venía tramitando.

El logro del actual gobierno con este apoyo unánime es importantísimo, pues se avanza hacia la creación de un nuevo concepto de Pilar Solidario distinto del vigente, con carácter universal y financiado por todos vía impuestos generales. Y para el nuevo gobierno que se inicia en marzo también es un importante hito, pues no es lo mismo poner en marcha una propuesta de Pensión Básica Universal gradual de hasta $ 250 mil –como la sugerida en el programa del presidente electo, Gabriel Boric- desde cero, que desde un monto consensuado y aprobado de $ 185 mil.

Por lo mismo, el acercamiento entre los parlamentarios de gobierno y oposición, así como de las futuras y actuales autoridades y sus equipos, en busca de fuentes de financiamiento consensuadas es una de las buenas señales que se han dado en el último tiempo, y que permitirían avanzar hacia mejores pensiones con el aporte de todos. Una solidaridad hecha desde el Estado y no desde el ahorro privado.

Más allá de las diversas interpretaciones, este encuentro es -sin duda- una señal inequívoca del interés compartido por tener un financiamiento permanente a un pilar que está evolucionando en base al acuerdo transversal de todos los actores involucrados, más allá de las legítimas diferencias políticas que separan al actual del futuro gobierno del país.

En materia de pensiones, esto es transcendental. Desde antes del estallido social de octubre de 2019, el diagnóstico sobre la necesidad de una mejora urgente a los montos de las pensiones no admitía duda en ninguno de los sectores políticos y sociales de Chile. Tras casi cuatro años de discusiones sobre propuestas, tres retiros adelantados de fondos en el marco de una pandemia, y la definición -casi transversal- de la necesidad de apoyar no solo a los vulnerables, sino también a una esforzada clase media, se ha alcanzado un consenso respecto de un monto base y una necesaria cobertura al 90% de la población de pensionados. Ahora nos queda por definir el cómo.

Y parece ser que la definición de un financiamiento vía impuestos se ha instalado sobre la mesa transversal del debate como una alternativa no solo legítima y viable, sino que por primera vez de consenso entre actores con visiones distintas en política y seguridad social.

La importancia de esta búsqueda de diálogo da cuenta de una nueva forma de hacer política en materia de pensiones, en que el acuerdo por fin se afianza como única vía de avance para el bien común de todos.